Latinoamérica. Conflicto en Colombia

SE AGREGA EN COLOMBIA UNA NUEVA
VÍCTIMA EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

Por Rolando Arturo Leiva
24 junio 2012

Bogotá, (Colombia) - Una nueva víctima se agregó en Colombia perteneciente a
los demandantes que aspiran a recuperar sus tierras tomadas ilegalmente por los
grupos armados, y principalmente por los llamados paramilitares, cuando fuera
asesinado en el Departamento colombiano de Sucre, -al norte de Colombia, cuya
capital es Sincelejo-, el reclamante de tierras Jairo Martínez.

Jairo Martínez, según indica EL TIEMPO de Bogotá, era cabeza de una asociación
de personas que reclama por tierras robadas u ocupadas ilegalmente en ese
Departamento.

Lo anterior, hace elevar a 60 los asesinatos cometidos del año 2007 al 2012,
contra las personas, -organizadas muchas veces en Asociaciones-, que aspiran a
recuperar sus tierras, y que fueran ocupadas principalmente por los llamados
grupos paramilitares bajo el pretexto del conflicto armado. Hasta la fecha, de todos
los casos, se ha logrado esclarecer por el momento solamente uno.

También, a partir de la fecha en que se dictó la llamada Ley de Víctimas por el actual
gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, han sido cometidos 17 asesinatos sólo
desde junio del año pasado, 2011.

En declaraciones a la BBC en su edición en español, una reclamante de tierras,
perteneciente a la asociación Tierra y Vida, indica, por ejemplo que “catorce
personas de nuestra Asociación han sido asesinadas solo en el Urabá (Antioquía)
hasta esta fecha”.

En términos de las estadísticas globales, se considera de esta manera que, a partir
de 1991, -fecha tope, hacia atrás, de vigencia de la llamada Ley de Víctimas para
abrir casos litigiosos-, un total de 4 a 6 millones de hectáreas, correspondiente a
una superficie de entre 40 y 60 kilómetros cuadrados, fueron perdidas o ocupadas
por la fuerza, desplazando a sus legítimos propietarios a través de la acción sobre
todo de los llamados grupos paramilitares, en lo que muchos han llegado a
considerar como que el conflicto en Colombia, más que un proceso de disputa entre
fracciones rivales armadas, habría sido en realidad sólo un proceso para apoderarse
de tierras ajenas.

En junio del 2011, fue dictada la Ley 1448 o la llamada Ley de Víctimas, en una de
cuyas claúsulas se afirmaba, por vez primera, que en Colombia había un conflicto
armado, -lo que fuera considerado como un avance en relación al período
precedente del Presidente Uribe-, durante el cual esa denominación no se
aceptaba, considerándose el conflicto sólo como una represión a grupos
narcotraficantes o narcoterroristas, como eran calificadas las llamadas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC.

Otras cláusulas de la misma ley establecieron, asimismo, el derecho de las víctimas
a la verdad, la justicia y la reparación. Dentro de esto último, se incluye la restitución
de tierras y propiedades perdidas, ya sea como resultado de amenazas, intimidación
o desplazamiento forzado.

En casos que recoge la BBC en español, la apropiación indebida de tierras se
produjo sin embargo muchas veces como resultado de la acción conjunta entre los
grupos paramilitares con las mismas autoridades. Uno de lo entrevistados por la
BBC declara así: “Debí venirme (a Bogotá) porque yo ví matar gente por las mismas
autoridades y los paramilitares. Tenía una casa detrás de una base militar y me la
tumbaron. Llegó la Fiscalía, el ejército, los paramilitares y tuvimos que salirnos de
esas tierras, porque supuestamente todos los que vivíamos en Miraflores éramos
guerrilleros. Y estoy aquí en Bogotá precisamente por eso. Viendo a ver si me van a
restituir mi tierra, si me la van a pagar, me van a ubicar, o qué”.

En general, el gobierno de Santos se ha propuesto a través de esta ley efectuar la
restitución de alrededor de un total de 160 mil propiedades robadas u ocupadas por
la fuerza, como una meta a conseguir a lo largo de los 4 años de su mandato.
Sin embargo, desde la fecha de la dictación de la ley al presente, se ha logrado
restituir un total de apenas 699 propiedades agrícolas, estimándose que, a lo largo
de lo que resta del año 2012, se restituirán sólo unas 2100 propiedades más.
Esto haría que, para todo lo que resta del período presidencial de Santos, se
debieran restituir 157 mil propiedades, cifra que resulta inalcanzable. La incapacidad
de llegar a cumplir su meta, podría, entonces, llegar a producir una especie de
legalización informal de tierras que fueron adquiridas mediante la violencia o
haciendo que se fueran de la región los propietarios de ellas, debido a la
inaplicabilidad de la ley, y que es lo que temen algunos.

Por otra parte, se estima hasta el presente que la guerra en Colombia llegó a
producir un total de 4 millones de desplazados de las regiones en que habitaban,
por ser escenario éstas de episodios armados, o porque fueron directamente
expulsados de ellas, sobre todo por los grupos paramilitares y aún por las
autoridades y el Ejército, junto a un total de 400 mil refugiados más, estadísticas
recogidas por el el ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.

No obstante, si bien la anterior resulta ser una cifra oficial, ese mismo organismo,
junto a organismos de derechos humanos colombianos, calculan que la cifra real
alcanza a alrededor de un millón de desplazados adicionales, esto es, a unas 5
millones de personas en total desplazadas desde sus lugares de origen.
A juicio del ACNUR, esta situación equipara a Colombia con las mayores catástrofes
humanitarias de refugiados del mundo, y está al nivel de Sudán, el Oriente Medio,
Irak, y Palestina.

La cifra de colombianos que ha abandonado el país se calcula, a la vez, en 390 mil,
más unos 60 mil solicitantes de asilo, siendo los países con mayor recepción de
inmigrantes colombianos, Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela y
Panamá.

La raíz del problema de los asesinatos de los líderes de los grupos de reclamantes
de tierras arrebatadas sobre todo por los grupos paramilitares, se encuentra así, a
juicio del Director de la Comisión de Juristas de Colombia, entrevistado por EL PAÍS
de España, en el hecho de que, si bien el gobierno de Santos ha creado una
llamada Unidad de Protección de los reclamantes que contempla la misma Ley de
Víctimas, no está en condiciones de atender todas las solicitudes, citándose el caso
del líder de una asociación de reclamantes de tierras perdidas, Manuel Antonio Ruiz
y su hijo Samir, que fueron asesinados en el Urabá, Chocó, luego de haber sido
sometidos a torturas, quién había solicitado protección ya en tres oportunidades
distintas.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, declaró, que la sola condición de ser líderes de
restitución de tierras, los hace vulnerables, mientras, a juicio del Director de la
Comisión de Juristas, “el elemento más grave es la ausencia del reconocimiento de
la existencia del paramilitarismo”.

Luego de las desmovilizaciones de estos grupos ocurridas durante el gobierno de
Alvaro Uribe, y de que 14 de los más importantes jefes de los grupos paramilitares
fueran extraditados a los Estados Unidos en el 2008, se ha desistido, en efecto, de
llamar grupos paramilitares a los existentes, prefiriendo mencionarlos ahora como
Bandas Criminales, es decir, grupos que viven aún del crimen organizado, y que a
menudo se los alude bajo el acronímico de Bacrim.

Sin embargo, de acuerdo a una de las personas entrevistadas por la BBC de
Londres en su edición en español, “el aparato de poder criminal -dice el
entrevistado- aún está funcionando y la responsabilidad por la muerte de los líderes
vinculados al proceso de restitución de tierras, va más allá y demuestra que el
fenómeno del paramilitarismo sigue vigente”.

Rolando Arturo Leiva
Heidelberg, Alemania
24 junio 2012

(Una versión de este artículo fue publicada en la News Letter Latinoamérica-Reporte
junio 2012)