NUEVAS REVELACIONES COLOCAN GUERRA
CIVIL EN GUATEMALA A UNA ESCALA
TODAVIA PEOR

Por Rolando Arturo Leiva
16 agosto 2000

Heidelberg (Alemania) - Con la entrega a la publicidad el martes 8 de agosto de
un nuevo Informe emitido por organismos de la Iglesia ligados a la lucha por los
derechos humanos en Guatemala, denunciando la desaparición de 295 niños de
menos de 4 años, ocurrida durante la guerra civil en ese país, y con el
reconocimiento dos días después, por el Presidente de Guatemala, Alfonso Portillo,
de la responsabilidad gubernamental en esos hechos, la llamada “Guerra Sucia” en
Guatemala, ha empezado a cobrar un aspecto todavía peor al que era conocido
hasta ahora.
En la actualidad, la que recibe el nombre, en su conjunto, de “Guerra Civil” en
Guatemala, representa, en la práctica, un período de aproximadamente 36 años,
marcado por distintas fases de insurgencia y contrainsurgencia, y cuyos momentos
más álgidos, tuvieron lugar a principio de los años 80. El 29 de diciembre de 1996,
sería firmada una tregua entre el gobierno, por una parte, y las distintas fuerzas de
la guerrilla, -agrupadas en un Frente-, por otra, mediante la cual, los dos bandos
declaraban poner fin a las hostilidades, y se comprometían a investigar las
atrocidades y violaciones a los derechos humanos, cometidas por ambas partes
durante la guerra.
En abril de 1998, un Informe de la llamada Comisión Verdad, patrocinado por las
NU, establecería que, a lo largo de todos esos años de guerra, habría muerto una
cantidad de 200 mil personas -en su gran mayoría civiles- produciéndose, en total,
además, una cantidad de 50 mil desaparecidos. El Informe llegaría a la conclusión
que, el 93% de esas muertes, eran atribuibles a las fuerzas militares, un 3% a los
grupos paramilitares y un 2% a la guerrilla.
Un día después de la publicación del Informe, el editor responsable de la
publicación, obispo de Guatemala Juan Gerardi, sería, sin embargo, él mismo,
asesinado a golpes de ladrillo, por desconocidos, hecho ocurrido mientras se
encontraba en el garaje de su casa.
El Informe actual lleva por nombre “Hasta Encontrarlos”. Denuncia la desaparición
de los ya señalados 295 niños, de edades inferiores a 4 años, y es el cuarto
preparado hasta a fecha por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado
(ODHA), desde la conclusión de la guerra. Los dos primeros Informes, publicados
bajo la dirección del fallecido obispo Gerardi, llevaban por nombre “Recuperación
de la Memoria Histórica” y ”Guatemala, nunca más”. El tercero, a su vez, el de
“Memorias del Silencio” , habiendo sido patrocinado por las NU.
El informe actual “Hasta Encontrarlos”, sería realizado bajo la dirección del
psicólogo Marco Antonio Garavito, siendo financiado por la organización suiza,
Stiftung Kinderhof Pestalozzy.
El 95 % de los niños cuya desaparición se denuncia, pertenece a pueblos de origen
maya, y en especial a la etnía quiché. En el 54% de los casos, los familiares no
habían tenido hasta ahora oportunidad de efectuar un relación de los hechos.
“Tenemos la confirmación”, señalaría la Presidente de la ODHA Nery Rodenas -en
declaraciones efectuadas a la prensa, al momento de hacer entrega del Informe, lo
que ocurriera durante una misa celebrada en la catedral de la ciudad de Guatemalaque
las desapariciones forzadas, “fueron utilizadas como un instrumento de guerra
contra aquellos más vulnerables, los niños”.
Dos días después de aparecida la publicación anterior, el Presidente de Guatemala,
Alfonso Portillo, reconocería la responsabilidad gubernamental en aquellos delitos
contra los derechos humanos y prometería investigar las masacres, procesar a los
asesinos y compensar a las víctimas. De la misma manera, el gobierno firmaría un
documento ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (Organización de
Estados Americanos), reconociendo “la responsabilidad institucional del Estado en
los crímenes de guerra”, hecho que sería calificado como un “gesto de valor, ” por el
Presidente de la Comisión, el diplomático chileno Claudio Grossman.
Aparte de lo anterior, el Presidente Portillo reconocería también la responsabilidad
del Ejército en dos masacres ya bien conocidas de civiles: la de Plan de Sanchez y
de Erres que causaron 200 y 100 víctimas fatales respectivanmente. Finalmente,
Portillo, reconocería la responsabilidad del Ejército también, en los casos concretos
de la desaparición de 10 niños.-

RAL
Heidelberg (Alemania)
16 agosto del 2000