Dolarización en América Latina
Ecuador después del Golpe de Estado
ENTRE LAS PRESIONES POPULARES Y LAS
EXIGENCIAS INTERNACIONALES, ECUADOR
VISLUMBRA TODAVÍA ALGUNA ESPERANZA
Por Rolando Arturo Leiva
8 noviembre 2000
Heidelberg (Alemania). El sábado 9 de septiembre del presente, sería el día en que
desaparecería para siempre la moneda oficial de un Estado: el “Sucre” de la
República del Ecuador. “Canjee sus Sucres por dólares en las entidades bancarias
hasta el 9 de septiembre”, señalaban los anuncios oficiales. “Después sólo se
podrán efectuar transacciones en dólares”.
El plan de “dolarización”, como ha sido denominado, y que fuera el que condujera
al derrocamiento violento el 21 de enero pasado del anterior Presidente
constitucional Jamil Mahuad, se seguiría así impulsando finalmente, y en este caso;
tomando como base una ley que hiciera aprobar el 13 de marzo el actual Presidente,
Gustavo Noboa, quién fuera, a su vez, el Vicepresidente del gobierno anterior.
Entre el 13 de marzo y el 9 de septiembre, fecha final de la desaparición del Sucre,
se había seguido una etapa de transición, en la cual continuábanse aceptando
tanto sucres como dólares, sin embargo ya, en los últimos días, todos los pagos
habían comenzado a efectuarse principalmente en dólares.
La dolarización, que cuenta con el aval del departamento del Tesoro de los Estados
Unidos, ha sido criticada por diversos sectores, especialmente por la oposición de
izquierda, las organizaciones sindicales y las organizaciones de indígenas que han
estimado la medida como un atentado a la soberanía nacional del país.
En efecto, a fines de enero del presente año, el proyecto de dolarización del
Presidente anterior Mahuad, -y cuando la situación económica general llegaba a
límites intolerables-, sería resistido, entre otros, por las importantes organizaciones
indígenas, agrupadas en la Conaie, o Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador. Esta organización, cuya creación data del 16 de noviembre de 1986,
tiene como objetivo principal, -tal como se señala en su hoja emblemática-, “lograr
la unidad de las diversas organizaciones indígenas que aisladamente luchaban por
sus derechos, así como armonizar y compatibilizar las demandas históricas y la
lucha frente al estado Uni Nacional ecuatoriano, sus gobiernos y autoridades de
turno”.
La Conaie, que agrupa en la actualidad a 10 distintas nacionalidades indígenas,
representando un 45% de la población total de Ecuador, calculada, según Naciones
Unidas, en 12,4 millones de habitantes, se encuentra a su vez conformada
internamente por tres distintas federaciones regionales, correspondientes a la
Amazonía, Sierra y Costa, que son los tres sectores naturales en que está dividido
el país. El 20 de enero del presente año, la Conaie haría público un llamado
insurreccional, consistente en poner en práctica movilizaciones para bloquear las
principales carreteras del país, privar a las ciudades de productos y ocupar las
grandes ciudades a través de marchas motorizadas que debían partir desde el
campo. En lo principal, se demandaba la renuncia del Presidente Mahuad,
textualmente, “por traición a los intereses del país, y por haber alentado la
corrupción desde los bancos haciendo caer el sucre de 7000 a 25000 por dolar en
un año”. El llamado tendría una sorprendente acogida, produciendo una singular
alianza entre militares disidentes e indígenas, que por momentos llegarían
prácticamente a apoderarse de la capital, Quito.
El sucesor, Gustavo Noboa -el cual llegaría a esa cargo, en gran medida, por la
intercesión de la embajada norteamericana en Quito, cuando hiciera saber a los
militares que la fomación de cualquier gobierno de facto significaría el aislamiento
internacional de Ecuador- ha venido realizando algunos esfuerzos por dar cabida y
dialogar con los sectores más postergados de la sociedad, lo cual parece
traducirse, hasta el presente, en alguna leve mejoría económica, aunque siempre
dentro de una situación con visos dramáticos, en la que destaca, por ejemplo, la
inflación anual superior al 100% y una cesantía cercana al 20%.
Al mismo tiempo, se sigue considerando a la llamada dolarización como la única
medida posible para enfrentar quizás la peor crisis económica de la historia del
Ecuador, donde, aparte del índice de inflación anterior, llegaría ésta, en dos
meses, a acumular un porcentaje de un 69,1%, y la deuda externa pública,
alcanzaba a más de 14.074 millones de dólares. Según estimaciones de Naciones
Unidas, además, un porcentaje superior al 70% de los 12,4 millones de ecuatorianos
vive en la pobreza, con aquella tasa de cesantía ya señalada.
Sin embargo, a pesar de haberse registrado alguna mejoría en aquellos indicadores
económicos, a mediados del mes de septiembre pasado, la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana, el organismo superior de la Iglesia católica de ese país, consideraba
todavía necesario efectuar una dramática declaración sobre la situación social del
país, y donde se denunciaba, “el neoliberalismo, el peso de la deuda externa y el
control tendencioso de ciertos organismos internacionales sobre el país como el FMI
(Fondo Monetario Internacional)”. Según la Iglesia, también era evidente la angustia
y el dolor del pueblo ecuatoriano “empobrecido por el modelo económico vigente
concentrador de las riquezas en manos de pocos en detrimento de grandes
mayorías”. Hablando como portavoz de este organismo el Presidente de la CEE, el
obispo Mario Ruiz agregaría, que “hay entidades internacionales que todos los
ecuatorianos conocemos que dan consejos frecuentemente en beneficio de los
grandes poderes transnacionales”.
Tratando de dar alguna respuesta a la nueva situación y con mayor capacidad de
negociación, el Presidente Noboa haría aprobar el 18 de agosto pasado, la llamada
Ley de Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, que ha sido
conocida hasta ahora bajo el nombre de “Ley Trolebus”, y aludida comúmemente
como la Ley Trole II, a la cual seguiría una subsiguiente, la Ley Trole III. La primera
ley permitía la participación de sectores privados en el sector petrolero a través de
asociaciones y facultaba la venta del 51% de la empresas estatales eléctricas.
Sin embargo, la ley entraría en vigencia sin ser sancionada por el Congreso, que
estaba paralizado en esos momentos por una disputa entre dos facciones, lo que
provocó el reclamo de la oposición y el anuncio de protestas para septiembre, por
los sindicatos petroleros, eléctricos, organizacines indígenas y campesinos.
El 9 de septiembre, en efecto, la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), la
Conaie y diversos sindicatos, convocarían a un nuevo “levantamiento popular” contra
la Ley Trole II, por fomentar, según ellos, las privatizaciones indiscriminadas,
agregando que mantenían su oposición a la dolarización y reclamando una
congelación por 5 años del precio de los combustibles. La convocación incluía
asimismo la formación de un llamado “Campamento de Defensa de la Soberanía
Nacional”, en un paraje en los exteriores de Quito.
A lo anterior, el Presidente Noboa respondería señalando que reprimiría con
severidad cualquier intento de alteración de orden, declarando textualmente al
respecto: “no voy a dejar que alteren el rumbo del país, que quiere seguir adelante.
Si tengo que aplicar el rigor de la ley lo voy a hacer”. Sin embargo, el Presidente
agregaría también, que estaba dispuesto a negociar las modificaciones a la ley que
sugiriera el Congreso, de mayoría opositora, a través de un nuevo paquete de
reformas.
El “levantamiento popular” no tendría sin embargo esta vez el efecto del precedente,
y al mismo tiempo, y como resultado de esas conversaciones, vería ahora la luz una
nueva versión de la ley, llamada entonces la Trole III, y que fuera finalmente
aprobada por el Congreso y enviada al Ejecutivo el pasado 12 de octubre. La nueva
ley, señalaría el diputado opositor Henry Llanes, podría ser calificada como un
vuelco al proceso de privatizaciones, ante el hecho que, a través del texto de la ley
anterior, “la derecha del país intentaba vender las principales instituciones del
Estado en un proceso poco claro y con la falsa idea de que se trataba de una
modernización”.
Las principales diferencias entre uno y otro proyecto de ley, tienen que ver con la
reforma de los sectores petroleros, la modernización del Estado y la situación
laboral.En el sector pretrolero, la ley original intentaba restringir la participación del
Estado en la producción de los campos petroleros, habiendo incorporado la nueva
ley, en cambio, una serie de condicionamientos a tal acción, y que ya existían en
una ley anterior. Finalmente, el Congreso eliminaría una controvertida cláusula que
permitía que el Banco del Estado prestara dinero a las empresas privadas para
comprar instituciones públicas. Hay que señalar, no obstante, que el Ejecutivo,
todavía se muestra muy distante de aprobar el conjunto de observaciones
incoporadas al texto de la Trole III, argumentando principalmente. que estas
“distorsionan el objetivo de atraer la inversión extranjera”.
Algunos indicadores económicos donde finalmente se aprecia cierto progreso en
Ecuador, son por ejemplo, el Indice de Crecimiento, que estuvo proyectado en un
0,5% y alcanzará, según estimaciones del Banco Central, un 1,3%. El Producto
Interno Bruto Petrolero, crecerá también al 3,7% , y el no petrolero pasará del
–4,9% en que se encontraba el año 99, a un 0,9%. La inflación, sin embargo, se
mantiene al promedio ya señalado del 95% - 100% anual, y las exportaciones, no
de petróleo, de empresas nacionales han disminuído. Por último, Ecuador aguarda
en los próximos días una nueva ronda de negociaciones con el Club de Paris, para
renegociar su alta deuda externa actual.-
RAL
Heidelberg, (Alemania)
8 noviembre 2000
(UNA VERSIÓN DE ESTE ARTÍCULO FUE PUBLICADO TRADUCIDO AL POLACO
EN UNA REVISTA DE VARSOVIA)